Política y Sociedad
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el recrudecimiento del conflicto armado en regiones como Catatumbo, en donde la reciente ola de violencia ha dejado al menos 70 muertos y unas 54.000 personas desplazadas. Este es un ejemplo de los vacíos constitucionales que aún existen para afrontar temas como la paz, y que se abordan en el libro La Constitución de 1991: El ideal en medio de la tormenta, una compilación de ensayos y artículos de más de 69 autores que desentrañan la teoría, los avances y las limitaciones que ha tenido la Carta Magna a lo largo de los 34 años desde su publicación. El nombre del libro es sugestivo, y, como lo asegura la abogada Ivonne León Peñuela, coautora y profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), “es como mirar un cuadro de la artista Débora Arango, pues en sus trazos y líneas se manifiesta tanto el anhelo explícito que había con la construcción de la Constitución de 1991, como el juego de pesimismo y esperanza suscitado en cada uno de los capítulos de los tres tomos que componen la obra”. El artículo 64 ilustra la deuda de la Carta Magna, pues alude a los campesinos como personas libres e iguales a todas las demás poblaciones, y que por lo tanto no deben ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos, lo que aún no se ha cumplido en la realidad, pues las comunidades rurales siguen padeciendo el conflicto armado en su máximo esplendor. En el informe “Guerra contra el campesinado”, presentado por la Comisión de la Verdad, se evidencia que una de las principales víctimas del conflicto han sido las comunidades rurales, pues de 430.000 muertos en este contexto violento, por lo menos 251.000 han sido hombres y mujeres campesinos. Así, lo escrito en la Constitución aún no se ha materializado en la vida diaria de las personas que siguen sufriendo porque aún no hay paz en los territorios. El profesor Andrés Abel Rodríguez, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y coeditor del libro, asegura que “la obra es un insumo para analizar la Constitución desde la perspectiva de la UNAL, para abordar críticamente temas que han sido olvidados y que agrupan perspectivas y sentires sobre desafíos como la profunda desigualdad en el país, y las limitaciones que han tenido nuestras instituciones para llegar a las regiones más vulnerables, o el hecho de que la Constitución se dio gracias al movimiento social y no solo a las instituciones”. Por su parte Luis Manuel Castro, profesor de la UNAL y coeditor del libro, indica que la obra incluye 5 temas esenciales que se engloban y que reflejan la deuda que tiene la Constitución con el país; estos son: (i) la materialización de la paz, (ii) la justicia social que aún no llega a donde se necesita, (iii) el desafío de establecer un sistema de pesos y contrapesos que limite el poder político y facilite cumplir lo establecido, (iv) la deuda con pueblos invisibilizados, como las poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y los campesinos, y (v) el rezago en materia de protección del medioambiente. La Constitución ecológica aún no se ha cumplido La Constitución de 1991 fue pionera en América Latina en incluir un derecho especial sobre el medioambiente (artículos 79, 80 y 95), el cual establece que el Estado y los ciudadanos deben protegerlo; no obstante, problemas actuales como la deforestación en lugares como la Amazonia, la minería ilegal en Chocó, la contaminación de ríos y fuentes hídricas con metales pesados, o el uso indiscriminado de estos recursos por grupos armados para financiar sus actividades, ponen en manifiesto que esto aún sigue lejos de cumplirse. Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, entre 2001 y 2020 esta región perdió más de 54,2 millones de hectáreas, casi el 9 % de sus bosques, que corresponde al tamaño del territorio de Francia. Un dato impactante en el que también se ven vulneradas las comunidades indígenas que viven en estos territorios, y que también forman parte de los pueblos que aún no viven en paz, a pesar de ser reconocidos en la Constitución. Temas como el despojo y el desplazamiento forzado, o la falta de restitución de tierras son una piedra en el zapato para estas comunidades. Desde 2011, con la promulgación de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), solo se han restituido 665.000 hectáreas, es decir un escaso 10,5 % de la meta inicial, que eran 6,5 millones de hectáreas. La profesora Ethel Castellanos Morales, doctora en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que “en Colombia nunca se podrá consolidar la paz si no existe una institucionalidad fuerte y robusta, y su papel y su labor deben debatirse”. “El libro no es el final de la reflexión sobre el derecho constitucional en Colombia, sino el principio, por ello hay que seguir trabajando para que el diálogo sea crítico y plural, para que la debilidad institucional no siga afectando los derechos de las personas en el país”, explica la exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia