16.660 víctimas de desaparición forzada en el país están en la Orinoquia

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Las amplias sabanas, los extensos ríos y diversos ecosistemas de los Llanos Orientales han sido “testigos” de los horrores del conflicto armado colombiano, una realidad que no ha cesado incluso después de la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC. Según un informe realizado por el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia, entre 1985 y 2016 en la Orinoquia colombiana se registraron 16.660 casos de desaparición forzada, lo que representa el 13,68 % de las víctimas nacionales. 

Dicho documento muestra que, además, se avanza en la búsqueda de 1.436 sitios donde podrían estar algunos cuerpos de las víctimas de este crimen. San José del Guaviare (Guaviare), Vistahermosa (Meta) y Tame (Arauca) son los municipios que más casos de desaparición tienen en la región. 


En diversos informes, la Defensoría del Pueblo ha evidenciado que en algunos municipios de Arauca –como Arauquita, Saravena y Fortul– se mantienen las vulneraciones a la vida, la libertad, la integridad física de la población y el uso de métodos para generar terror e intimidación por parte de los diferentes grupos armados que hacen presencia en el departamento. 


Con los datos recolectados por el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la UNAL Sede Orinoquia se estableció que el departamento del Meta concentra el 60 % de los sitios de disposición de cuerpos de la región (fosas comunes, cementerios o lugares donde hay cuerpos sin identificar). 


En el país hay 7.549 sitios de disposición de cuerpos, de los cuales 1.436 están ubicados en la región Orinoquia (incluyendo a Guaviare y Guainía) lo cual representa el 19 % de los sitios del país. De los 1.436, el 60 %, es decir, 862, están en el Meta. 


Para lograr estos resultados, Felipe Beltrán estudiante de Antropología de la UNAL Sede Bogotá, recolectó la información dispuesta en las bases de datos del Registro Único de Víctimas (RUV), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Observatorio de Memoria y Conflicto. 

Con este ejercicio se constató que existe una falta de articulación en la información de las diferentes entidades que impide conocer la dimensión de las víctimas, ya que cada una tiene cifras diferentes. 


“La Orinoquia, como otras regiones del país, afronta un olvido histórico del Estado. Este vacío ha provocado que desde hace varias décadas Arauca y Vichada, territorios fronterizos, se hayan convertido en zonas de disputa para el control de grupos armados ilegales. Este escenario ha sido propicio para la desaparición forzada”, expresa el estudiante Beltrán. 


Desaparición forzada, un crimen que perdura en el tiempo 


Según la UPBD, San José del Guaviare –capital del Guaviare– reporta 1.662 víctimas, lo que lo convierte en el municipio con más casos de la región. Además tiene 111 sitios de disposición de cuerpos, lo que podría aumentar la cifra de víctimas. 

Así mismo, el RUV señala que en Arauca el municipio de Tame es el más afectado por la desaparición forzada, con 392 víctimas. Además tiene 53 de los 139 sitios identificados para la disposición de cuerpos en el departamento, una situación preocupante teniendo en cuenta que la población de este municipio es menor que la de Arauquita o Saravena, por ejemplo. 


En el Meta, el municipio de Vistahermosa, con apenas 19.112 habitantes, existen 1.244 víctimas de desaparición forzada, el registro más alto del departamento. Esta situación también se refleja en Villavicencio, que con 1.018 víctimas tiene el segundo registro más alto. 


En relación con la falta de información sobre el tema, la docente Vanessa Ortiz Piedrahíta, de la UNAL Sede Orinoquia, asegura que “cada entidad tiene una metodología diferente para medir quien es víctima y quien no. Además, sobre el fenómeno existen subregistros. Todo ello hace díficil dimensionar la realidad de la desaparición forzada en la región, situación que afecta la búsqueda de las personas”. 

Vale la pena recordar que en Colombia solo a partir del 2000 se reconoció la desaparición forzada como un delito, pues antes los casos denunciados eran tipificados como secuestros u otros delitos. 

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