Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú

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En total fueron 120 votos aprobando la iniciativa y ninguno en contra porque los representantes del Centro Democrático y Cambio Radical se retiraron del recinto al ver que no había espacio para la discusión.

 

"Se está violando la ley", dijeron los voceros de los partidos, pues considera que el debate no comenzó a la hora indicada. Su retiro se da luego de que se hundió la ponencia negativa y no se llegó a un acuerdo para aplazar la discusión.

 

Después de la aprobación el proyecto pasa a conciliación y después a sanción presidencial para que Colombia se una al grupo de países que ya ratificaron dicho acuerdo.

 

Mientras el Acuerdo entra en vigor, la Corte Constitucional realizará un examen para determinar si es acorde a los mandatos de la Constitución. Y aunque su ratificación se dio este lunes, el pasado 22 de agosto, el Ministerio de Ambiente ya había anunciado la creación de un plan de emergencia para la protección de defensores ambientales, explicando que se trataba del inicio de la implementación de Escazú, dando por hecho que se iba a aprobar. 

Con su aprobación y ratificación, Colombia avanza en la articulación con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento como órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú para promover la aplicación y apoyar a las partes en la implementación del Acuerdo, señaló el Ministerio de Ambiente.

 

En ese sentido, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, señaló que una vez sea sancionado por el Jefe de Estado, se hará realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo: Política de Manejo de Información Ambiental; estrategia de acompañamiento a defensores ambientales; ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales; apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas; y, sistema de información sobre conflictividad socioambiental.

 

En cuanto a la implementación, Manuel Pérez Martínez, director del departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, citado por el diario El Espectador explicó que cada país debe implementar Escazú de acuerdo a su jurisprudencia, su aparato institucional y sus conflictos ambientales.

 

Tras la ratificación están previstas unas mesas de diálogo para construir junto a las comunidades, sociedad civil y la academia cómo se va a aterrizar el Acuerdo, es decir, cómo se va a aterrizar el derecho al acceso a la información y a la participación y cómo se diferenciaría de, por ejemplo, un derecho de petición o de una consulta previa, respectivamente.

 

Uno de los “peros” por parte de los sectores políticos que se oponían al Acuerdo es que alertaban que Colombia podría perder su soberanía como Estado. Según afirmó en su momento la senadora María Fernanda Cabal, “la soberanía de Colombia estaría en riesgo con Escazú porque, cuando fusiona derechos humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional”. (Lea: Pese a objeciones, Acuerdo de Escazú se sigue abriendo paso en el Congreso)

 

También en su momento la ANDI indicó que "se nos exigirá la creación de nuevos órganos institucionales para dar respuesta a las exigencias del tratado, desconociendo la actual estructura estatal. Además, los problemas propios en materia ambiental que tenemos actualmente deben ser resueltos internamente con la apertura de un diálogo que permita el fortalecimiento de las instituciones ya existentes”.

 

Igualmente, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), llamó la atención antes de la aprobación sobre el efecto que esto tendría en la producción alimentaria. "La autoridad ambiental en el país se ha vuelto una barrera a la producción, no genera una iniciativa y un puente para que los productores puedan cambiar sus buenas prácticas y acoger una producción más sostenible. Se le da mucha importancia al Acuerdo de Escazú, pero desde la SAC lo que se quiere es que se revise la aplicación de la ley ambiental en Colombia, se le debe garantizar a los agricultores un entorno para la producción rentable y sostenible, que las leyes ambientales sean claras".

 

Así mismo, en un documento que presentó la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) en sendas audiencias que se hicieron en el Congreso de la República, se indica que este Acuerdo tendría un impacto sobre los compromisos internacionales de Colombia en relación con los acuerdos comerciales y los tratados de la Organización Mundial del Comercio.


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