consumo interno del grano afectando a 540.000 familias, según Fedecafe
El proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno Petro a
comienzos de agosto ha estado en boga de todos los sectores económicos durante
las últimas semanas. El sector de alimentos es uno de los que más cambios
tendría por el nuevo modelo de captación de recursos que gravaría impuestos a
productos ultrapocesados y bebidas azucaradas.
Estos
gravámenes buscan recaudar aproximadamente $1,02 billones con las bebidas
azucaradas para 2023 y $1,09 billones con los productos ultraprocesados, para
un total de $2,11 billones el año que viene.
A propósito de este proyecto de reforma tributaria el comité directivo
de la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafe), en cabeza de Roberto
Vélez, aseguró que se deben
revisar algunos aspectos de la reforma que afectarían directamente el ingreso
de 540.000 familias cafeteras.
Lo
primero que la entidad gremial argumenta es que el café soluble liofilizado y
el extracto de café no deberían ser considerados en las posiciones arancelarias
que serán gravadas como productos ultra procesados, pues
esto mermaría el consumo interno de la bebida y estos se elaboran con un solo
ingrediente, lo que los hace ser alimentos “mínimamente procesados”.
También señala que el marco jurídico actual prioriza estimular el
consumo interno del café como bebida nacional, por lo que gravar estos productos
iría en contravía a dichas disposiciones.
Cabe
recordar que, en el caso de los alimentos ultraprocesados, la base gravable
será el precio final de venta, que tendría una tarifa de 10%.
Eliminación
del costo presunto de la mano de obra derogar
Según
Fedecafe, esta medida impactaría en los ingresos de los caficultores al elevar
su tributación, ya que en la actualidad el costo presunto es de 40%, para
efectos del impuesto de renta y complementarios. Las cifras estimadas de la
entidad gremial afirman que el componente de mano de obra en la caficultura
alcanza 60,7%, los insumos 32,7% y la administración y gastos generales 7,1%,
por lo que se volverían gravables ingresos de estas poblaciones.
“Se hace un llamado al honorable Congreso de la República y al Gobierno
Nacional a que se considere la realidad del campo colombiano, antes de aprobar
obligaciones, que hoy no son posible cumplir, mientras no se garantice
infraestructura y servicios suficientes, en todos los municipios, tales como
vías de acceso, conectividad, servicios financieros, protección social y
herramientas para cumplir de manera eficiente y racional las obligaciones
fiscales”, expresó la entidad en un comunicado.

